Parlamento y poder de los bancos

Hay un desequilibrio que condiciona la percepción de la democracia: la opinión que tienen los ciudadanos sobre quien tiene más poder, si los bancos o el gobierno.
Por poder entendemos, a los efectos de este comentario, la capacidad de influir en la vida de los ciudadanos.
Si consideramos que los bancos influyen más que los gobiernos en las decisiones políticas, mal vamos. Nadie los ha elegido para que decidan sobre nuestras vidas y hacienda. Y eso es lo que ocurre en este momento: los ciudadanos perciben que las finanzas condicionan las decisiones de nuestros políticos.
¿Acaso el capitalismo mata la democracia? O dicho de otro modo: ¿Qué incentivos políticos existen en nuestra democracia para que los bancos manden más que los gobiernos? Incluso, en nuestras encuestas (CIS) los parlamentos salen mal parados, incluso influyen mucho menos que el gobierno, cuando son ellos los que deben controlar al gobiernos.
La satisfacción hacia la institución democrática es un indicador de su buen funcionamiento; si la percepción va mal, la democracia va mal.
A lo largo de los años (1994 -2010) las encuestas nos muestran que las ideologías conservadoras perciben el gobierno con mas poder que los bancos; y las situadas a la izquierda del espectro, ven a los bancos con mas poder que el gobierno. Es por ello –quizás- que unos siguen votando a sus partidos y los otros no… ¿para qué? Al fin y al cabo, poco van a influir…
La izquierda han dado poco valor a estas percepciones y –quizás- en ello se explique sus resultados electorales. Como gobierno han hecho poco por alterar el marco competitivo –tuvieron el BOE- entre gobierno y bancos. Estaban demasiados extasiados en pertenecer a Europa y aceptar sus cuitas, sus euros, sus gobernanzas. Ahora recogemos los frutos: paro, desanimo y depresión social.
Los ciudadanos situados en las escalas mas bajas de los ingresos, los menos educados –votantes ”lógicos” de las izquierdas- son los que perciben al gobierno con mas capacidad para influir en la sociedad; pero no perciben –en general- sus políticas para redistribuir las riquezas.

Marco Laboral y desigualdad social

El marco del trabajo español esta claramente dividido entre los que tienen un historial laboral ininterrumpido, por unas regulaciones laborales altamente protectoras y –de otra parte- un gran grupo de empleados en condiciones muy precarias.

Los que tienen un mejor acceso a los beneficios del estado del bienestar son los que más cotizan; así tienen garantizadas unas prestaciones de paro, de pensiones y demás ayudas. Sin embargo, los otros, los que tienen que subsistir como buenamente pueden –cada vez un número mayor de personas- no acceden en igualdad a la Seguridad Social o estado de bienestar.

Quizás ello explique la diferencia de percepción que tienen los españoles sobre el estado de bienestar. Su fin último es la redistribución de las riquezas, el estado debe tratar  de que las desigualdades que genera el mercado no amenace la paz social, por lo que debe garantizar una asistencia mínima a todos los ciudadanos.
Pero según un último estudio de la Fundación Alternativas el estado del bienestar no redistribuye las rentas, sino que acrecienta la desigualdad, desde el momento que la regulación laboral es tan poco igualitaria, generando empleados mas protegidos que otros.

Conviene defender el estado del bienestar, en ello nos jugamos un modelo de sociedad, a pesar de los muchos cambios a los que está abocada. Hay cosas que tendrán que cambiar, cosas que no deberían cambiar y cosas que no sabemos si cambiaran o no. Una de las que si deberían cambiar es que los retornos del estado del bienestar no fueran parejo a las aportaciones de los trabajadores, pues implica mantener la desigualdad social, cada vez mas creciente en España.

En defensa ética del estado del bienestar

Ética y diferencias entre lo público y privado en el estado del bienestar

España ha sido un país con conciencia de desigualdades tan notables, que dieron lugar a una tremenda guerra civil. Al cabo del tiempo, la sociedad evolucionó e instauró unos niveles de bienestar, acaso comparables con los países de su entorno europeo. Pero hoy, este estado del bienestar amenaza quiebra.
En un periodo muy corto hemos pasado de una sociedad de “obreros y trabajadores” a otra de clase media. Las encuestas de 1985 nos muestran una sociedad que se autocalificaba de obrera o trabajadora en un 32 % y de clase media, en un 38 %. En el año 2000, solo el 20% se autocalifica de trabajador u obrero y el 70 % se califica de clase media.
A partir de los 70, las instituciones también evolucionan, aunque muy perneadas por personas vinculadas al bando ganador de la guerra. Así, ejercito, políticos y funcionarios, en general, se profesionalizan; sin embargo el sistema judicial no lo hace en la misma medida y aún hoy es la institución peor percibida por los ciudadanos. Por razones difíciles de explicar, el porcentaje del PIB que se invierte en ella es relativamente escaso, comparado con Europa; es difícil creer en una sociedad “justa” sin una justicia eficiente.
Las rentas familiares se fueron incrementando; obviamente, a la par que las diferencias sociales también lo hacían. La renta per capita pasó de 11.400 € en 1981 a 23.300€ en 2011. Quizás cabría reconocerle a los gobiernos de Felipe González la instauración de un sistema de IRPF que pudo financiar y extender los beneficios del estado del bienestar en nuestro país. Se recaudo bastante y se pudo invertir en servicios sociales, lo que hoy llamamos estado del bienestar. Otro dato a tener en cuenta fueron los ingentes recursos que vinieron de Europa, de los fondos estructurales.
Pero al más mínimo temblor, el andamiaje se tambalea… ¿por qué? Se habla mucho de los abusos al sistema –por ejemplo: empresarios escaqueándose de pagar impuestos, recetas de pensionistas para otros menesteres, cobro de paro por empleados en la economía sumergida, políticos cobrando en A y B, lo que les apetece, etc.- y es verdad. Quizás nos falta la ética necesaria para hacer un uso racional de los beneficios del sistema. Al fin y al cabo, casi nos hemos encontrado con el sistema, sin tener tiempo para reconocer el valor que tiene y la necesidad de cuidarlo, pues en ello va nuestro bienestar, el nuestro del presente y el del futuro.
No querría entrar en señalar causas de la fragilidad del estado del bienestar en la mala gestión ni en la corrupción. Creo que son relativamente sencillas de resolver, con un adecuado reclutamiento de sus gestores y políticos; y la persecución de las mafias integradas –lamentablemente- en nuestro estado. Aparte de esto, poco se puede decir.

Hay que centrar el análisis en esa falta de ética de los usuarios. Para mejorar el uso de las prestaciones, antes habría que mejorar la justicia y la hacienda. La justicia, porque sin un mayor dimensionamiento, con incorporación de todas las sensibilidades sociales, resulta una sociedad injusta. Actualmente –me atrevo a pronosticar- el porcentaje de personas que va a misa habitualmente, es mayor en la judicatura que en la sociedad en general. No es un sitio atractivo para trabajar, solo para ganarse la vida.
En cuanto a la hacienda pública, la incidencia de la economía “B” es casi –dicen- del 20 % del PIB. Si no triplicamos el número de inspectores fiscales, la sociedad no se mantiene en los niveles legales que requiere un estado del bienestar.

Si se persiguen mejor los delitos, la sociedad es mas justa. La sociedad del bienestar se puede mantener, pero con la coerción  hacia los defraudadores, sean españolitos de a pie, empresarios que contratan en “B”, o políticos con propiedades de difícil justificación. Hace falta más institucionalización a la hora de perseguir los delitos.
Pasó lo mismo con nuestros “hábitos” en las carreteras. Hace unos años, nos tomábamos unas copas y cogíamos el coche, estaba mal, pero… Hoy sabemos que no se puede hacer, y no tanto por lo éticamente reprobable de la conducta, ni siquiera porque podamos matar a inocentes o dejar huérfanos a nuestros hijos, sino por los “puntos” del carné. El resultado: 5.035 muertos en el 1992 y 1.480 en el 2011.
Acabar con los abusos hacia el sistema no se arregla con llamamientos a la contención moral de los políticos corruptos, sino con una mayor intervención de los actos administrativos. Tampoco conseguimos nada llamando defraudador a quien no paga sus impuestos, sino haciendo caer sobre ellos el peso de la inspección de hacienda. Acabaremos con los abusos al sistema de prestación del desempleo persiguiendo a los que contratan sin cobertura legal; y así un largo etc. La moraleja es que habría que desarrollar el sistema punitivo para que el sistema social del bienestar pueda resistir. Nos debe animar la reducción de la siniestralidad en las carreteras.